¿Qué pide la profesión al RD de residentes? Que se cumpla

El proyecto de real decreto con el que el Ministerio de Sanidad pretende actualizar el régimen laboral de los especialistas en formación ha recibido un respaldo generalizado durante el trámite de audiencia pública, aunque acompañado de una batería de alegaciones que coinciden en una misma idea: los nuevos derechos en materia de jornada, descansos, formación y salud laboral deben convertirse en garantías efectivas y homogéneas en todo el Sistema Nacional de Salud y no quedar al albur de la organización de cada hospital.

La reforma, que incorpora medidas como el límite de 17 horas de trabajo continuado, la prohibición de la jornada ordinaria tras la guardia, el control horario obligatorio o nuevas herramientas de protección frente a los riesgos psicosociales, es valorada positivamente por la mayoría de organizaciones que han participado en el proceso. Sin embargo, casi todas reclaman mecanismos adicionales de supervisión, evaluación y corrección para evitar que los avances queden únicamente sobre el papel.

Uno de los documentos más amplios es el impulsado por la Asociación MIR España (AME), elaborado junto a Amyts, Metges de Catalunya, O’Mega y Simpa, y al que se han adherido posteriormente Avanza Valencia, el Sindicato Médico Canario (Semca), el Sindicato Médico de Navarra (SMN), Simega y SIME/CSIT-UP. El texto respalda los principales cambios introducidos por Sanidad, pero reclama reforzar el decreto para garantizar que los límites de jornada, los descansos, la supervisión, la formación y la protección de la salud mental sean realmente exigibles en todos los centros.

En este sentido, el presidente de AME, Jesús Arzúa, defiende que la prioridad ya no es reconocer nuevos derechos, sino asegurar que los ya incluidos en el borrador se cumplan de manera efectiva. Entre las alegaciones destacan la protección frente a represalias para los residentes que denuncien incumplimientos, la creación de mecanismos correctores para los centros que vulneren reiteradamente la norma y la vinculación de esos incumplimientos a la acreditación docente de las unidades.

La organización también plantea reforzar la protección de la actividad formativa, establecer un mínimo de siete horas semanales de formación protegida, impedir que los descansos postguardia generen «deuda horaria» y garantizar que la reducción de guardias no se traduzca en una intensificación asistencial. Además, sostiene que el límite general de 68 horas mensuales de guardia debe ser compatible con el máximo de 45 horas semanales de trabajo establecido por el propio proyecto.

Coincidencias entre sindicatos y residentes

Buena parte de estas reivindicaciones aparecen también en las alegaciones de CSIF, que reclama medidas para impedir que los residentes cubran déficits estructurales de plantilla, reforzar la función tutorial, garantizar tiempos protegidos para la formación y asegurar descansos efectivos tras las guardias. El sindicato también propone que el pase de guardia compute como tiempo efectivo de trabajo y que existan sistemas de registro horario completos y accesibles para los residentes.